Autor: Álex Cavada
La mayor amenaza para los humedales en nuestro país, está dada por los proyectos inmobiliarios con consecuencias sociales que, además del impacto ecológico, van desde daños estructurales en las casas, inundaciones, hongos, hasta problemas de salud para sus habitantes, los que deben enfrentar esta realidad desde que comienzan a habitar sus viviendas. Una solución inmobiliaria que se sustenta en suelos fácilmente accesibles y baratos, pero que ha demostrado que en el mediano y largo plazo es la alternativa más costosa por los constantes arreglos y reconstrucciones a los que estas viviendas deben verse sometidas a lo largo de toda su existencia.
Los humedales son ecosistemas acuáticos indispensables para los seres humanos y la biodiversidad debido a los servicios ecosistémicos que prestan, como el suministro de agua dulce, mitigación de las crecidas de aguas y otros desastres naturales, reservatorio de diversidad biológica, sumideros de CO2, entre otros, por lo que son clave para asegurar un desarrollo sostenible. Estos sistemas se ven amenazados principalmente por el crecimiento urbano y, según la Convención Ramsar, el 35 por ciento de estos ecosistemas han desaparecido desde 1970.
Dada esta realidad es evidente que la mayor amenaza para estos ecosistemas son los proyectos inmobiliarios, que muchas veces terminan con la inhabitabilidad de las viviendas y con familias en busca de soluciones que muchas veces no llegarán. Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas, uno de los creadores de la Fundación Legado de Chile, que se interesó por estos temas, plantea que este problema “no puede convertirse en algo dicotómico, eso sería un error. No podemos avanzar hacia una visión blanco o negro de las cosas: O avanzamos en la oferta habitacional, o avanzamos en la conservación de la naturaleza. Hay muchos ejemplos concretos que dicen que eso se puede trabajar y conciliar”.
El año 2020 se publicó la Ley de Humedales Urbanos, que ha servido de herramienta para proteger estos ecosistemas, pero aún hay muchos desafíos en cuanto a la fiscalización y la ordenación por parte de los planes reguladores de los municipios. Habitualmente el problema se presenta como una oposición entre la construcción de viviendas y el cuidado de los humedales, como menciona Gárate, pero existe experiencia comparada en que la conciliación de estos dos bienes ha demostrado ser posible, por lo que se deduce que lo que se necesita aquí es la búsqueda de nuevas formas de incorporar a los humedales en nuestras planificaciones urbanas, que sean beneficiosas tanto para las personas como para el medio ambiente, tales como la delimitación clara de los humedales, su conservación como parques y construcciones que se integren con su entorno sin destruirlo.
Casos Emblemáticos
Existen muchos casos representativos, como la construcción de un edificio en Los Molles, emplazado sobre el que era el humedal costero Estero Los Molles, donde el humedal rellenado se manifiesta con inundaciones, causando un dolor de cabeza interminable a sus propietarios, y un crimen ecológico sobre un humedal reconocido posteriormente como humedal urbano por una resolución el 13 de octubre de 2021. Y así los casos suman y siguen, la intervención del borde costero en San Alfonso, comuna de Algarrobo, que agrava los embates de las marejadas en el sector; el humedal Calabozo, en Coronel, en donde la construcción de la carretera By Pass y el relleno realizado por el propietario en el Fundo Cantarrana provoca la inundación de pequeños agricultores, así como las canalizaciones llevadas a cabo por Agrícola Sur en favor de sus plantaciones de eucaliptus, que provocó la destrucción del ecosistema del lugar, junto a la construcción de un hospital sobre parte del humedal. Otro caso preocupante es el que ocurre en el humedal Vasco de Gama, en Hualpén, donde tras cada lluvia fuerte, los vecinos organizados deben prender motobombas en sus pasajes y colocar sacos de arena para evitar que se aneguen.
También está el humedal Mallinko Abtao Lawal, en la población Alerce, a las afueras de Puerto Montt, donde 12 viviendas tuvieron que ser demolidas por daños estructurales, o el ya bullado caso de la Villa El Salitre, en Temuco, donde luego de más de 20 años de demandas de la población por una solución a los problemas con sus viviendas, el SERVIU puso en marcha el Programa de Regeneración del conjunto habitacional sobre el humedal Vegas de Chivalcán, lo que ha sido bien recibido por la comunidad.
El caso de Villa el Salitre, en el humedal Vegas de Chivalcán.
León Duval, arquitecto que participó en la etapa de diagnóstico del Programa de Regeneración que se llevó a licitación por el SERVIU, participó de un equipo interdisciplinario que intentó llegar a la mejor solución para la población en Pedro de Valdivia en Temuco, donde existen 4 villas, entre ellas villa El Salitre, y relata: “Había viviendas muy degradadas por el tema humedad, de hongos y termitas, y con fallas estructurales severas desde hace más de 20 años. En el primer diagnóstico que hicimos, eso fue en la primera visita al lugar, nos dimos cuenta de que todo el problema de las viviendas era la situación basal de que habían rellenado el humedal para construir ese conjunto de viviendas, lo que origina todo”.
Un desplazamiento de la población hacia sectores fuera del humedal podría ser una solución negativa en algunos casos, por los lazos sociales y la pertenencia al sector forjados por más de 20 años por la mayoría de sus habitantes; por lo que se propuso mejorar las viviendas y solo demoler 35, que eran los casos más dramáticos, mejorar la conexión vial, la descanalización del humedal y reforestar, atacando también el problema de la recuperación del espacio público. Duval es claro en su diagnóstico: “Mi recomendación es no construir en un humedal, derechamente, pero sí integrarlos”.
El Caso de Puerto Montt
Aquí nos encontramos con el humedal Llantén. En este lugar está el caso del Colegio Da Vinci. David Inostroza, de Agrupación por los Humedales Gayi, relata: «El Colegio Da Vinci tiene relación con la defensa del humedal Llantén, que está judicializada, y pese a que la corte ya decretó su protección, hasta el día de hoy se mantiene el desacato. Esta demanda consistió en que los vecinos, la agrupación y el Colegio Da Vinci, demandaron a la inmobiliaria GPR que estaba destruyendo este humedal, que abrió zanjas para secarlo y las derivó hacia un costado del colegio. El colegio se encuentra en una zona más baja y el humedal un poco más alto, entonces por gravedad todo este humedal escurre hasta este colegio, pero también afecta a vecinos cuyas casas fueron construidas sobre el humedal y que se inundan, y el agua llega hasta dentro de sus casas hasta el día de hoy”.
También en Puerto Montt se encuentra el humedal Mallinko Abtao Lawal, que en mapudungún significa “lugar donde descansan los alerces”, un lugar sagrado para la cultura mapuche. Ya el año 2014 los vecinos agrupados en Juntas de Vecinos Independientes de Puerto Montt, en conjunto con ocho agrupaciones vecinales de Alerce Norte y Sur, denunciaron fallas en la construcción de 1.800 viviendas sociales, que incluyen filtraciones, defectos estructurales, aberturas en las paredes, hongos, entre otras. El caso es importante porque al ver las amenazas a las que el humedal se veía enfrentado, los líderes de la comunidad mapuche interpusieron acciones legales para preservarlo, obteniendo resultados exitosos que unieron a la comunidad en defensa del humedal, hasta que finalmente se declaró oficialmente por la ley de humedales urbanos.
La visión de expertos
Evelyn Soto, Ingeniera Ambiental y vecina del humedal Rocuant-Andalién, en Concepción, ha visto cómo se ha ido rellenando el humedal y las consecuencias acontecidas a partir de esto. Evelyn analizó las construcciones hechas en el humedal entre 1954 y 2017 y comenta: “Básicamente lo que logramos concluir mediante modelación, es que construir en humedales lleva un costo asociado, no solamente en la pérdida de biodiversidad y del humedal, sino que también hay un costo asociado a las viviendas y personas afectadas”.
“Recuerdo que para el terremoto hubo casos de casas que se destruyeron totalmente o se ladearon, sobre todo en el sector de Brisas del Sol, que es un sector que era parte del humedal Rocuán-Andalién; en el sector de San Marcos hubo casas que quedaron inutilizables y que hasta el día de hoy todavía están abandonadas, porque el costo de la reconstrucción es mucho más caro ya que tienen que demoler, sacar todo, y volver a construir”, relata la Ingeniera Ambiental.
Para Mauricio Espinoza, Geólogo, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que conoce de cerca la situación del humedal Rocuant-Andalién en Concepción, existe “un riesgo muy importante que tiene que ver con la calidad del suelo”, en donde “la granulometría de los sedimentos que se generan ahí son bastante finas”, lo que genera “problemas de asentamiento, socavones y algún posible deslizamiento”, y el fenómeno de la licuefacción que “fue observado ampliamente en la región que es una zona que tiene importantes cuerpos de agua y humedales asociados, por ejemplo, el río Andalién, o el estero Nonguén y suelos asociados, donde posterior al terremoto ocurrieron muchos registros de problemas de socavamiento, de asentamiento de las casas que fueron registrados por SERNAGEOMIN y en general son bastante comunes y frecuentes esos problemas”.
Para Espinoza el problema está lejos de ser tratado adecuadamente: “Hay rellenos que ya se han hecho en esa zona y hay un peligro latente de una urbanización que no tiene en consideración los límites propios del humedal, con todos estos problemas asociados que podríamos tener”. Las recomendaciones de Espinoza van por entender la dinámica propia del sistema humedal, de manera multidisciplinaria. “Obviamente después de eso, o en paralelo, es necesario avanzar en las políticas públicas de buena manera. Hoy en día existe una ley de humedales urbanos que está aportando en este sentido, pero es muy importante seguir afianzando eso, seguir manteniendo una ordenación en los planes reguladores de las municipalidades que sean acorde a los instrumentos de planificación que tienen que considerar estas zonas de riesgo de construcción”, agrega Mauricio Espinoza.
En la misma línea, Carolina Rojas, Geógrafa investigadora del Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica (Cedeus), concluye: “Los planes reguladores deberían proyectar el futuro de las ciudades, pero no tienen en sus competencias la identificación, delimitación y reconocimiento de un humedal. Entonces, estaban en tierra de nadie. Lo que hace la Ley, por lo tanto, es que los humedales se incorporen en la Ley General de Urbanismo y Construcción, y que todos los planes territoriales de Chile incluyan la delimitación de los humedales y los incorporen en su zonificación”.
Por su parte, Loreto Álvarez, Coordinadora local del Proyecto GEF Humedales Costeros de la Región del Biobío, también hace hincapié en la misma problemática: “Ante esta situación, es necesario realizar un trabajo intersectorial con los organismos y servicios con competencia técnica, tanto en la elaboración de planes reguladores metropolitanos como municipales, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio del Medio Ambiente y los Municipios”. Por otro lado, Álvarez señala que «además, debe existir un trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), que es el ente técnico encargado de generar mapas de riesgos geológicos e informes técnicos, siendo insumos fundamentales, los que a su vez debiesen ser considerados en la elaboración de dichos instrumentos que definen los usos de suelo».