Expertos dicen que la justicia ambiental debe tener “mayor uniformidad de criterios” al aplicar la Ley 21.020. Este sensible tema fue analizado en un encuentro en la UDP.
La ley de protección de los humedales urbanos, dictada en 2020, dotó a Chile de una herramienta para proteger estos ecosistemas ante la acción humana y los efectos del cambio climático, pero según expertos, los criterios diferentes de los tribunales ambientales dificultan la aplicación de esta norma.
Estos retos fueron analizados por abogados y académicos en un encuentro organizado por la Universidad Diego Portales (UDP), en el que la académica Dominique Hervé destacó que la diversidad de criterios de los tribunales dificulta no solo la aplicación de la ley, sino también la propia protección de los humedales.
“Ha existido mucha litigiosidad en torno a la declaración de humedales urbanos y eso ha redundado en que los tribunales tienen distintos criterios para aplicar la ley”, explicó Hervé, presentadora del encuentro.
“Esto ha implicado en el fondo una gran cantidad de jurisprudencia en esta materia, pero se requiere mayor uniformidad de criterios” en los tribunales ambientales, agregó la también doctora en derecho y directora del Programa de Derecho y Política Ambiental de la UDP.
El encuentro sobre la “Implementación de la Ley de Humedales Urbanos a la luz de la jurisprudencia de los Tribunales Ambientales” permitió analizar el impacto y efectos de la Ley 21.202, dictada en 2020 para proteger estos ecosistemas vulnerables.
Los expositores fueron el abogado Gabriel Bustos, del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental del Ministerio del Medio Ambinete (MMA); la académica Ximena Inzunza de la Universidad de Chile; y Claudio Tapia, director del estudio jurídico FerradaNehme. La moderadora fue la abogada Camila Lübbert, también del Departamento de Legislación del MMA.
Bajo la protección de esta ley, el Ministerio del Medio Ambiente ha declarado unos 117 humedales urbanos a lo largo del país.
La ejecución de obras, como proyectos inmobiliarios, y otras actividades en humedales urbanos deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. También deben seguir ese procedimiento los proyectos empresariales que implican la aplicación masiva de productos químicos en las zonas próximas a humedales.
Muchas personas y empresas han acudido a los tribunales al sentirse afectadas por la aplicación de esta ley, por lo que en apenas cuatro años existe mucha jurisprudencia sobre el tema en el país.
El abogado Bustos destacó que “la jurisprudencia ha tenido un impacto innegable en el desarrollo de esta política pública. A partir de la revisión judicial de los procesos declarativos, es decir, cuando alguien impugna judicialmente una declaración de humedal urbano, los Tribunales Ambientales se han pronunciado en amplias materias de la aplicación de la ley».
Sin embargo, la abogada Hervé piensa que a pesar de la abundante jurisprudencia, la aplicación de esta ley se dificulta por los criterios diferentes aplicados por los tribunales.
“Es necesario considerar que este exceso de jurisprudencia y de criterios diferentes en materia de aplicación de la ley de humedales urbanos obviamente resulta en que se dificulta la aplicación de esta ley y la protección de estos ecosistemas”, dijo.
“Si por esto es necesario modificar la ley o no, la verdad que yo no me pronuncié al respecto, pero hubo distintas opiniones en los panelistas” en el encuentro en la UDP, agregó.